“VISIONES , ACCIONES Y VIAS ALTERNATIVAS DE ACCESO A LA PROTECCIÓN SOCIAL DEL TRABAJO”

RESUMEN

A modo de síntesis puede señalarse que en los últimos años se constata un incremento del desempleo y del subempleo tanto en áreas rurales como urbanas, con mayor impacto en estas ultimas.

Los datos de la Encuesta de Hogares 2000 – 2001 destaca la proporción de trabajadores informales a un 35.3%. incluyendo en este rango el porcentual de trabajadores domésticos (10.8%).

Estimaciones recientes realizadas a partir de datos proporcionales por la EIH 2000 – 2001, indican que en el paraguay el empleo informal urbano asciende al 63.4%, incluyendo en el sector a los trabajadores por cuenta propia (no profesionales y técnicos), empleados domésticos, familiares no remunerados y a quienes trabajan en establecimientos de hasta 5 ocupados; el empleo en las microempresas y por cuenta propia es elevado, incorporando a mas de la mitad de la PEA urbana ocupada.

La menor absorción de la mano de obra que registran las distintas actividades de los sectores económicos y la ausencia de oportunidades para el desempeño de la fuerza laboral en el país, van acompañadas por el aumento de la pobreza.

El empleo, fuente de ingresos, muestra tendencia a la concentración en el sector terciario. La fuerza laboral busca en el su espacio. Mujeres, jóvenes, niños y niñas, grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad, engrosan la oferta del mercado de trabajo. Y la expansión de la pobreza incrementa, asimismo la vulnerabilidad de las categorías ocupacionales más numerosas de áreas urbanas y rurales.

La carencia de inversión social traducida en ausencia de oportunidades para la población, no han permitido mayor formación y capacitación de los recursos humanos del país; el perfil de “empleabilidad” va de contramano con los requerimientos de productividad. La reactivación de la producción y un cambio de rumbo para impulsar las actividades económicas de los sectores deprimidos no podrán sostenerse sin el aumento de las competencias de la fuerza laboral del país.

Es preciso que los esfuerzos tornen viables las políticas orientadas al desarrollo, para lo cual es necesario desplegar una distribución de costos y beneficios en la inversión social del Estado.


Del total de subempleados a nivel nacional (22.5%), la fuerza laboral mas afectada es la que posee instrucción primaria y secundaria (60.6% y 29.8% respectivamente). Esta situación se presenta tanto como en áreas urbanas en zonas rurales.

La fuerza laboral ocupada registra una mayor proporción de mujeres con instrucción terciaria, tanto en áreas urbanas como rurales. Entre quienes no poseen instrucción alguna, la participación femenina es mayor que la masculina.

Independientemente del nivel de instrucción y del área de residencia, los ingresos promediados de la fuerza laboral ocupada son menores en el caso de la población femenina. Por otra parte los ingresos de la población ocupada son mayores en áreas urbanas que en zonas rurales, para todos los niveles de instrucción.

3. FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL.

El empleo formal presenta indicadores de precariedad con un bajo cumplimento de la normativa, el aumento de la desocupación y la extendida informalidad. Se muestran como un modelo de crecimiento que precisa ser orientado hacia la búsqueda de la competitividad y mejora de sus recursos humanos, con avance en el desarrollo tecnológico. Por otro lado el mercado de trabajo evidencia rezagos en materia de derechos laborales y protección social.

La formalización progresiva del empleo y la ampliación de la protección social implica el ejercicio de derechos y facilita un avance hacia la integración social. En el caso paraguayo, los desafíos afincan en la población rural y urbana. Solo una pequeña proporción de los trabajadores y las trabajadoras permanecen en el sector formal con la cobertura prestada por las unidades del denominado sistema de seguridad social.

En el periodo 2000 – 2001 según indica la EIH la cobertura del sistema de pensiones registradas sobre el conjunto de la PEA nacional era del 12.2%, lo que significa que mas del 80% de la fuerza de trabajo no cuenta con los beneficios de la seguridad social.

Una proporción importante de los asalariados no cuenta con cobertura y los trabajadores independientes de áreas urbanas y rurales no ingresan al sistema, cuyas serias limitaciones en materia de eficiencia, equidad y transparencia administrativa han sido objeto de análisis y propuestas de reforma, aun en estudio.

La asistencia en salud es cubierta, con limitaciones, por las unidades del sistema sanitario público.

Los avances en el ejercicio del derecho laboral requieren de una adecuación de las normas de seguridad social a la movilidad de los trabajadores, y políticas mas amplias de protección social, con independencia del vinculo laboral de los beneficiarios, en las que la cobertura y los niveles de las mismas, en si limitadas por márgenes fiscales concretos, pueden proyectarse de manera progresiva.

Por otra parte, estos avances de los derechos laborales suponen esfuerzos de mediano y largo plazo para la implementación de políticas económicas “a ser evaluadas en función a su aporte a la generación de empleos” y las correspondientes medidas de formación y capacitación destinadas a fortalecer la “empleabilidad” de los trabajadores con efecto positivo en la productividad.

Es necesario incorporar al esfuerzo público y privado, para la definición e implementación de estrategias nacionales, la voz y la representación del denominado sector informal (trabajadores independientes, empleadores y empleados).

4. CONSIDERACIONES FINALES

La informalización del empleo y la flexibilidad –que en la práctica registra el desempeño laboral- tiene origen en el modelo paraguayo de crecimiento, cuya deficitaria inversión social arroja entre sus legados más perniciosos, la precaria calificación de los recursos humanos.

La base ocupacional de los sectores económicos esta integrada por una importante proporción de pequeñas y medianas unidades empresariales y de trabajadores independientes, con derechos laborales rezagados, carentes de los beneficios de la seguridad social.

Los desafíos específicos en materia de derechos laborales y seguridad social se presentan en un escenario de aumento de la pobreza y la indigencia, con baja gradación en la distribución del ingreso. Esfuerzos orientados al desarrollo integrado requerirán en consecuencia medidas destinadas al aumento progresivo de la protección social para la población, impulsando políticas de largo aliento, como la inversión en la calificación de los recursos humanos y la consideración de la efectividad de las medidas económicas de acuerdo a sus posibilidades de generación de empleo.

Por otra parte, análisis nacionales recientes indican la relevancia de incluir en las modificaciones de la normativa –actualmente en estudio- adecuaciones de las medidas de seguridad social a la situación de movilidad de los trabajadores. Asimismo, se advierte necesario el propiciar y estimular la incorporación progresiva de las unidades de los trabajadores del sector informal al sector formal, con especial atención a la potencialidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). El rédito buscado es la disminución del déficit del empleo de calidad, en procura del ejercicio de derechos y la ampliación de las capacidades del país hacia pasos menos viciosos, o más favorables, que conduzcan al postergado desarrollo.

5. PROPUESTAS DE ACCION

Se proponen los siguientes ejes de acción desde las organizaciones de la sociedad civil :

1. Fomento de políticas educativas para los sectores excluidos.

* Impulsar el diseño e implementación de políticas educativas focalizadas.
* Desarrollar proyectos de formación no sistemática
* Propiciar programas de estimulo a las empresas que califiquen sus recursos humanos.

2. Impulsar la empleabilidad de los sectores más necesitados con:

* Capacitación gratuita y bien orientada.
* Asistencia técnica a núcleos productivos emergentes.
* Incentivo a sectores de la economía susceptibles de generar con facilidad nuevos empleos.

3. Participación ciudadana

* Acciones dirigidas a reclamar:

- La creación del Ministerio de Desarrollo Social, organismo rector de la política social y coordinador de la ejecución de las mismas.

- La articulación de un sistema de información social.

- La implementación con una mayor eficiencia y localización de las políticas públicas orientadas a la erradicación de la pobreza.

- La asignación de recursos especiales para las poblaciones más vulnerables y excluidas.

4. Fortalecer el empleo, el ingreso y la seguridad social:

* Crear una red que promueva la participación organizada de la población en la gestión de la política empleo y seguridad social.

* Formular y ejecutar programas de trabajo decente y seguridad social orientado a las poblaciones más carenciadas.

* Apoyar las acciones dirigidas a generar niveles de empleo productivo que favorezcan la obtención de ingresos para la satisfacción de necesidades básicas, actualmente insatisfechas.

* Incentivar el desarrollo de estrategias que incremente la oferta de empleo formal, ajustado a la legislación laboral, por parte del sector privado.

* Fomentar la creación de micro empresas dentro del sector formal.

* Impulsar políticas de financiamiento blando.