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Días pasados asistimos a un debate público entre investigadores
privados de la Universidad Católica, la Cámara
Nacional de Comercio y Servicios y autoridades gubernamentales
del Banco de Previsión Social y la Dirección General
Impositiva, sobre los porcentajes reales de la informalidad
en el Uruguay.
Kolping Uruguay viene realizando desde el año 2003 distintos foros
nacionales y seminarios internacionales para el análisis de este
fenómeno, con la participación de especialistas e investigadores de
esta problemática, vinculada con el mundo laboral y la protección
social. La informalidad en muchos casos es estructural, y no es un
fenómeno meramente coyuntural, ni nacional: hay que medirla en
espacios de 10 o 15 años que excede, obviamente, un período de
gobierno específico.
Cuando hablamos de informalidad se suele pensar en diferentes
fenómenos: artesanos o microempresas que no cumplen con las
reglamentaciones fiscales, vendedores ambulantes que no están
registrados como cotizantes en el Banco de Previsión Social (BPS)
y no pagan impuestos, trabajadores que no figuran en las planillas
de las empresas, etc. Es decir que se relaciona al llamado sector
informal, con alguna forma de actividad que no cumple con las
normas legales.
En el caso de los empleados por cuenta propia o trabajadores
independientes que se encuentran en esa situación, habitualmente
no tienen ninguna clase de protección frente a la enfermedad, los
accidentes en el trabajo o cualquier suceso que les imposibilite
desarrollar su labor. Además, los condena a no tener cobertura de
la seguridad social en el futuro.
En términos generales, la informalidad implica trabajos de baja
productividad en sectores marginales de la economía e involucra a
unidades económicas de subsistencia. Desde la óptica de los empresarios
(obviamente pertenecientes el sector formal) les preocupa
los aspectos relacionados con la competencia “desleal” de quienes
rebajan sus costos al no cumplir con las obligaciones formales y
solicitan a los organismos de contralor, medidas ejemplarizantes.
Mientras tanto, los actores estales que representan a los organismos
de recaudación (Dirección Geneal Impositiva, BPS) , van en procura
de la defensa de las finanzas públicas, organizando redadas fiscalizadoras
que van a la cacería de los evasores. Como se ve, distintos
enfoques para debatir un mismo rótulo, en cuanto a cómo disminuir
el informalismo en referencia al sector formal de la economía, pero
que como ya señalamos, abarcan diferentes situaciones.
Estas van desde razones de supervivencia de sectores que no logran
insertarse en el sistema, hasta quienes por razones de apetencia
por un mayor lucro, pasando también por quienes por razones
de la llamada “cultura del no aporte”, prefieren mantenerse por
fuera de la ley.
Tasas específicas de informalidad según categoría de
ocupación |
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Año 1991 |
Año 2005 |
| Tasa de informalidad total |
32,8 |
37,6 |
| Según categoría de ocupación: |
| Asalariados Privados |
15,9 |
26,6 |
| Patrón |
40,1 |
27,7 |
| Cuenta propia sin local |
93,7 |
94,4 |
| Cuenta propia con local |
84,9 |
64,5 |
Fuente: en base a la Encuesta Continua de Hogares del INE.
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Composición del empleo informal: 1991 - 2005 |
| Categoría ocupacional |
Año 1991 |
Año 2005 |
| Informales totales |
100% |
100% |
| Asalariados privados |
22,3 |
34,3 |
Patrón
|
6,4 |
3,0 |
| Cuenta propia sin local |
18,2 |
19,8 |
Cuenta propia con local
|
32,9 |
26.0 |
| Servicio doméstico |
20,2 |
16,9 |
Fuente: en base a la Encuesta Continua de Hogares del INE.
Según esta última tabla vemos la incidencia de la informalidad entre
las distintas categorías ocupacionales: es ilustrativo considerar la
composición del 100% del empleo informal: 34% son asalariados
privados, 20% son cuenta propia sin local, 26% son cuenta propia
con local, y 17% son trabajadores del servicio doméstico.
Pero si analizamos por categoría específica en relación a 100% de
esa misma categoría vemos que en el 2005, de los artesanos o trabajadores
por cuenta propia sin local, el 94,4 % estaba en la informalidad
y el 64,5% de los trabajadores por cuenta propia con local, también
estaba en esa categoría.
Según Verónica Amarante y Alma Espino, quienes se desempeñan
como investigadoras del Instituto de Economía de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de la República, si nos ceñimos
a las definiciones más tradicionales, cuando hablamos de desprotección
social no es necesariamente lo mismo que informalidad. Cuando hacemos
referencia a la desprotección social nos referimos a las personas
que no realizan ningún aporte a la seguridad social, es decir que no
están generando derechos jubilatorios ni tampoco tienen derecho a
las prestaciones activas vinculadas con los aportes a la seguridad social.
Eso no asegura que su actividad laboral o comercial sea declarada en
su totalidad o que no tenga algún nivel de ilegalidad.
Según estas mismas investigadoras no hay diferencias significativas
entre hombres y mujeres. Ambas situaciones los afectan por igual y
las tasas específicas son similares. En todo caso lo que se detecta es
un descenso de la brecha o diferencia entre hombres y mujeres que
obedece al empeoramiento de la situación de los hombres, tanto en
lo que refiere a informalidad como a desprotección social.
Pero hay que destacar que la composición del empleo informal por
sexo es considerablemente diferenciada: mientras que entre los
hombres tienen un peso relativo similar los asalariados privados y los
trabajadores por cuenta propia con y sin local, entre las mujeres la
principal categoría corresponde a las trabajadoras domésticas. Este
sector presenta también tasas muy altas de falta de cobertura de la
seguridad social. Sabemos que en los últimos años hay una mayor
inserción al sistema al promoverse una registración en el Banco
de Previsión Social, a través de campañas publicitarias y una mayor
fiscalización que ha hecho caer esta tasa de informalidad, pero faltan
datos objetivos para precisar esta nueva realidad.
Fuentes consultadas: Economía & Mercado - Suplemento económico especializado,
Diario El País de Montevideo. Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadística
“Informalidad y protección social en Uruguay. Elementos para una discusión conceptual
y metodológica”, de Amarante y Espino Julio 2007 - Instituto de Economía. VERÓNICA
AMARANTE, uruguaya, Licenciada en economía de la Facultad de Ciencias Económicas y
Administración de la Universidad de la República. Obtuvo una maestría en
Economía en la
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (España). Es investigadora en el Área de Empleo
e Ingresos del Instituto de Economía y docente de la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad de la República. ALMA ESPINO, uruguaya, es licenciada en economía
egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña
como investigadora y Encargada de despacho en el Instituto de Economía de la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad de la República. Es consultora para OIT y Cepal
e integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo (Ciedur).
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Gustavo Tuyaré
Desarrollo Social de Kolping
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