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Bajar Revista Setiembre 2008

La relevancia de la ratificación de las convenciones de la OIT en los tiempos de crisis

 

Hildegard Hagemann Ponencia de KOLPING INTERNACIONAL con motivo de la 98a Reunión de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) que se celebró del 3 al 19 de junio de 2009 a Ginebra, preparado por Dr. Hildegard Hagemann de la Comisión Alemana de Justicia y Paz.

En primer lugar quisiera expresarles mi agradecimiento por la oportunidad que se me brinda de presentar nuestra posición, que es el resultado de muchos años de cooperación entre organizaciones católicas y sindicales, y que se plasmó en KOLPING INTERNATIONAL, una ONG a la que se le ha reconocido carácter consultivo en las Naciones Unidas.
Somos una asociación con aproximadamente 450.000 miembros repartidos en 5.300 familias Kolping en más de 60 países. El concepto de trabajo decente es un punto central de nuestro programa, especialmente con respecto a su aplicación en la economía informal. En estos tiempos de profunda crisis el concepto de trabajo decente está pasando por una difícil prueba. Debemos encontrar argumentos convincentes que pongan de relieve la dignidad del trabajador y conseguir así que sea una piedra angular en nuestras decisiones económicas y ambientales.
Por ello creemos que este pilar de los derechos humanos en el lugar de trabajo es fundamental para superar la actual crisis financiera y económica y hacer frente al cambio climático, así como a las crisis alimentaria y energética.
Estamos refiriéndonos algunas normas fundamentales del trabajo. Pero además hay otras normas que se mencionan en la Memoria del Director General Enfrentando la crisis mundial del empleo. Se trata de los convenios que además de los derechos y principios fundamentales en el trabajo, defienden los derechos de los trabajadores pertenecientes a determinados sectores o grupos, por ejemplo, los Convenios Nos 97 y 143 relativos a los derechos de los migrantes.
Estas crisis han agudizado la competencia y todos los mercados se ven afectados: las materias primas, los alimentos, los productos agrícolas y, por supuesto, el mercado laboral.
El creciente desempleo acarrea el peligro de una creciente presión sobre las condiciones de trabajo, con la consiguiente erosión de los derechos de los trabajadores. Ello no ocurre solamente en los países económicamente más débiles, que producen principalmente para los mercados de los países ricos, proporcionando materias primas y servicios, sino en todos los países que operan en el mercado libre. El dumping salarial, el desempleo, la precariedad del trabajo y la discriminación van a agravar el problema.
Los derechos de los trabajadores están protegidos hasta cierto punto por las legislaciones nacionales, que se basan en cierta medida en las normas de la OIT. Pero cuando la presión sobre las normas internas y la legislación nacional es demasiado grande, los sindicatos por sí solos no pueden hacer frente a la situación.
Toda solución requerirá el apoyo de la sociedad civil así como un amplio consenso y la voluntad política de proteger a los trabajadores, independientemente de que estén en sector formal o el informal. Se necesita un amplio diálogo social para alcanzar este consenso. Esto implica que las normas de la OIT se integren en el ordenamiento jurídico interno y que su aplicación sea vigilada por órganos independientes.


 


Muchos gobiernos e interlocutores sociales de los países más ricos entienden que la ratificación de algunos de estos convenios es parte integrante del proceso de desarrollo, pero no consideran necesario adaptarlos a los cambios de la situación del mercado.
Ejemplo de ello es el Convenio sobre el trabajo a domicilio, 1996 (núm. 177) que revela la necesidad de esa adaptación.
Al parecer, en algunos países el trabajo a domicilio está mejor protegido por la legislación nacional que por el Convenio N° 177. La mayoría de los países creen que no sirve de nada si quieren seguir siendo competitivos en el plano internacional y hasta ahora sólo lo han ratificado cinco países. Sin embargo, la ratificación de ese Convenio en los países productivos es fundamental por motivos de política de desarrollo e igualdad de género, ya que la inmensa mayoría de la población que desempeña ese trabajo son mujeres.
Además, muchos productos de consumo fabricados para los países más ricos se confeccionan en los hogares de las trabajadoras de países en desarrollo o países emergentes. La falta de protección para esas trabajadoras tiene como efecto que los precios se puedan mantener bajos.
Si los países receptores firmaran este convenio ello supondría el reconocimiento de esta categoría de trabajadores en todo el mundo.
También sería un claro reconocimiento de la responsabilidad social de lograr una globalización justa.
Gracias a este reconocimiento los trabajadores de los países productores podrían exigir el respeto de sus derechos en sus propios países, y los gobiernos se verían realmente inducidos a proteger a la población contra la explotación y la pobreza.
Este ejemplo vale para muchos otros convenios, cuyas tasas de ratificación dejan mucho que desear. Entre ellos se encuentra el Convenio relativo a los trabajadores domésticos que se examinará el año próximo.
A través de la incorporación de estas normas a la legislación nacional y la vigilancia de su aplicación los trabajadores estarán protegidos, lo que redundará en la paz laboral.
Las normas de la OIT son normas mínimas, pero la legislación nacional puede naturalmente ir más allá.
Estas normas, empero, no deberían socavarse. No perjudicarán la competencia; por el contrario, la favorecerán en beneficio de todos, especialmente de todos los trabajadores.
En un mundo global, las crisis sobrepasan las fronteras nacionales y no se resuelven con soluciones nacionales.
Hay que tener en cuenta la interdependencia de nuestro mundo.
Aquí es donde los convenios que han sido adoptados en el plano internacional sobre una base tripartita desempeñan una función mayor. No son únicamente instrumentos de cooperación económica sino también medidas necesarias para ejercer una gobernanza internacional responsable.
La coherencia y la sostenibilidad deberían ser el sello distintivo de la política de empleo. Esto incumbe a quienes asumen las decisiones que afectarán a las generaciones futuras.
El concepto de trabajo decente tiene el potencial de aportar respuestas a la crisis y allanar el camino para un mundo que sea menos vulnerable a la crisis. Desde la adopción de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa esta ha sido la meta de los mandantes tripartitos.

 

Hildegard Hagemann

 

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